1. La candidatura representada por el Sr. Sebastián Piñera representa un grave retroceso para el desarrollo de los derechos humanos y los avances que el país requiere, para dar cumplimiento a las demandas históricas de las víctimas de la dictadura militar, el fortalecimiento de instituciones plenamente democráticas, así como para responder a las recomendaciones que el sistema internacional de derechos humanos formula al estado de Chile.

Si bien, menciona en su programa aspectos como el fortalecimiento, ampliación y corrección para el disfrute de estos derechos y que reforzará valores como verdad, justicia y reconciliación, estos son calificados como meros instrumentos que complementan la vida de las personas no existiendo ninguna propuesta clara sobre las acciones concretas que su gobierno llevará adelante en esta materia.

2. Para Codepu, los derechos humanos son valores esenciales para el desarrollo individual y colectivo de las sociedades y pueblos, y un pilar fundamental para todo proceso que aspira a consolidar una democracia.

La experiencia chilena durante la dictadura militar reafirmó en nosotros esta conciencia mundial y, los derechos humanos fueron valores que permitieron aglutinar a las diversas fuerzas democráticas que buscaron una salida para retornar a la democracia. Un camino que no solo responde a las demandas de miles de víctimas de esta dictadura, sino también un compromiso para transitar por un proceso que permitiera al país construir una democracia donde estos derechos sean su sustento.

3. En los últimos 20 años, el país ha logrado avances notorios, entre los que destacamos, la creación reciente del Instituto Nacional de Derechos Humanos y la inauguración del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Pero, aun así, las carencias también son notorias y solo las numerosas recomendaciones de los distintos órganos de tratados de Naciones Unidas se convierten en un desafío ético para el país.

Mejorar nuestra institucionalidad e incorporar nuevos instrumentos de protección y participación social, atender las demandas de los pueblos indígenas, avanzar en los derechos de las mujeres, niños y migrantes, erradicar la discriminación y la violencia policial, han sido mensajes claros que el gobierno debe abordar y cumplir lo más pronto posible.

Creemos también que el actual modelo institucional representado en la actual Constitución, heredada de una dictadura, limita el desarrollo de estos derechos y consolida una democracia excluyente. Es hora de que el país exija una nueva constitución.

4. Sebastián Piñera no gobernará solo, lo hace con equipos y el apoyo de partidos políticos. Los mismos que fueron protagonistas de una dictadura militar y han sido incapaces de hacer un reconocimiento público y condenar las violaciones a los derechos humanos; los mismos que constantemente frenan en el parlamento los avances de los derechos de los trabajadores, de las mujeres y los nuevos derechos ambientales, entre otros, que el país necesita para asegurar un mejor desarrollo futuro para nuestros hijos, para las comunidades locales y pueblos indígenas; los mismos que criminalizan la protesta social con el fin de mantener un modelo económico del cual se han beneficiado, entre ellos este candidato.

5. Para CODEPU los desafíos están planteados, la comunidad ha expresado las deficiencias y errores que se han cometido hasta hoy, ha criticado la soberbia y complacencia con que se ha gobernado, ha exigido una renovación de la política y de la democracia. Creemos que es una oportunidad que se debe aprovechar para avanzar, teniendo presente que la lucha histórica por los derechos humanos nunca se termina y que evoluciona cuando todas y todos ponemos nuestro esfuerzo en ello.

José Araya Cornejo
Presidente

Federico Aguirre Madrid
Secretario Ejecutivo Nacional

Santiago 15 de enero 2010

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) y la Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo (CODEPU), organización miembro de la FIDH en Chile, acogemos con mucha satisfacción las recomendaciones del Comité contra la Tortura, formuladas tras el V exámen periódico de Chile realizado en Ginebra los días 4 y 5 de mayo de 2009. Estas recogen las preocupaciones principales planteadas en el informe que habíamos remitido al Comité.

Quisiéramos destacar en particular las recomendaciones siguientes:

1/ Sobre la definición de la tortura*

El Comité recomendó a Chile adecuar plenamente su Código Penal a la definición de la tortura enunciada por la Convención y “elimin(ar) la prescripción acutalmente vigente para el delito de tortura”.

2/ Sobre los crímenes de tortura cometidos durante la dictadura y la reparación de las víctimas*

El Comité “insta al Estado parte (...) a que derogue el Decreto-Ley de Amnistía” y “que se adopten todas las medidas necesarias para garantizar que las investigaciones de torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes sean realizadas exhaustivamente, con prontitud y de manera imparcial y que se proceda al enjuiciamiento y castigo de los autores, así como a la adopción de medidas de reparación a las víctimas, de conformidad con lo dispuesto en la Convención”. En esta misma línea, el Comité pidió también a Chile que apuebe la reforma legal que eliminaría la prescripción y amnistía de los crímenes de guerra, delitos de lesa humanidad y genocidio.

En cuanto a la cuestión de la reparación de las víctimas de tortura, el Comité “recomienda al Estado parte que incremente los esfuerzos en materia de reparación, indemnización y rehabilitación de manera que se garantice una reparación justa y adecuada a todas las víctimas de tortura”. El Comité “insta (también) al Estado parte a que reabra la Comisión sobre Prisión Política y Tortura o a que establezca con prontitud otro organismo que retome el mandato de dicha Comisión”, y que “derogue la disposición de la Ley 19.992 mediante la cual se establece el secreto durante 50 años de información relativa a la práctica de la tortura durante la dictadura”.

3/ Sobre la reforma del Código de Justicia Militar*

El Comité insistió en la reforma del Código de Justicia Militar mediante la cual “se establecen límites a la competencia material y personal de los tribunales militares” que, hasta el día de hoy, tienen facultades para enjuiciar a civiles y para los casos de violaciones de derechos humanos cometidos por uniformados. El Comité reiteró también a Chile “que elimine el principio de obediencia debida del Código de Justicia Militar”.

4/ Sobre las torturas y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes cometidos por agentes policiales en la actualidad*

El Comité manifestó su preocupación en relación con las “alegaciones de delitos graves cometidos por agentes policiales en el desarrollo de sus funciones” que, en algunos casos, pueden constituir actos de tortura, con una mención especial en relación con las alegaciones de actuaciones abusivas “contra integrantes de pueblos indígenas, en particular, contra miembros del pueblo mapuche”. El Comité recomendó que se efectúen investigaciones “efectivas y transparentes” de las denuncias recibidas y “se enjuicien y sancionen a los funcionarios de la policía que cometan este tipo de actos”. Recomendó también que se refuercen los programas educativos al interior de las policías.

Al conocer estas recomendaciones del Comité contra la Tortura, Viviana Uribe, Presidenta de CODEPU, expresó: “/Consideramos que la investigación y sanción adecuada y proporcional al daño causado son indispensables para erradicar la práctica de la tortura y de malos tratos. Por lo tanto, esperamos que el gobierno dé pronto cumplimiento a las recomendaciones efectuadas por el Comité/”. Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH, remató: “/La impunidad de los actos de tortura cometidos durante la dictadura tiene repercusiones en el presente: mientras no se logre que cada acto de tortura sea debidamente investigado, juzgado y sancionado su autor con una pena adecuada y proporcional, se seguirá cometiendo este tipo de actos/”.

Informe del Comité contra la Tortura : http://www2.ohchr.org/english/bodies/cat/docs/cobs/CAT.C.CHL.CO.5_sp.pdf