Desde el martes 16 de febrero comenzó a funcionar oficialmente la Comisión Valech. Esta recepcionará durante 6 meses antecedentes de personas que sufrieron violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar y cuyos casos no fueron presentados o calificados anteriormente.

La comisión solo puede recibir información de personas que “hubiesen sufrido privación de libertad y/o torturas por razones políticas” o de familiares de personas “hubieren sido víctimas de desaparición forzada o correspondieren a ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado”, y que se comprendan entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990. Ver detalles en Ley 20405, Art 3 transitorio, que crea el Instituto Nacional de Derechos Humanos. (ver ley en pdf)

Dónde ir:

En Santiago. Calle Phillips Nro. 451. Edificio Presidente. Piso 3 (metro Plaza de Armas)

En regiones. Oficinas habilitadas en las Gobernaciones provinciales

Comision Asesora para la Calificacion de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Politicos y Victimas de Prision Politica y Tortura
http://www.comisionvalech.gov.cl/

Objetivos

El objeto exclusivo de la Comisión será calificar, de acuerdo con los testimonios y antecedentes presentados -pudiendo además realizar todas las actuaciones que estime pertinentes- los siguientes casos de violaciones a los derechos humanos:

a) Víctimas de privación de libertad y/o torturas por razones políticas, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio.

b) Víctimas de desaparición forzada o ejecutados políticos, cuando aparezca comprometida la responsabilidad del Estado por actos de sus agentes o de personas a su servicio.

c) Secuestros y atentados contra la vida de personas cometidos por particulares bajo pretextos políticos.

d) Todos estos casos deberán haber ocurrido en el periodo comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990.

e) La Comisión deberá, una vez terminada la labor de calificación, elaborar una nómina con los nombres de las personas calificadas.

f) La calificación que efectúe la Comisión otorgará los beneficios legales correspondientes.

Situaciones excluidas del Mandato.

En ningún caso la Comisión podrá calificar la situación de personas privadas de libertad en manifestaciones públicas, que fueron puestas a disposición de los tribunales de policía local o de algún tribunal del crimen por delitos comunes y luego condenadas por estos delitos.

Para inscribirse, reenviar el formulario adjunto haciendo un clic AQUI

El Museo estará emplazado en un sitio de más de 10 mil metros cuadrados en Matucana con Catedral, y estará terminado en noviembre del 2009, y contendrá documentación relacionado a las violaciones de los derechos humanos en Chile.

Para la Mandataria, aunque haya distintas interpretaciones de lo sucedido en el régimen militar, "sobre el costo humano que Chile pagó, no debería haber discrepancias". La directora del proyecto del Museo, la periodista Marcia Scantlebury, explicó que "la muestra estable será del 73 al 90, y lo que pretende es darle visibilidad a lo que estuvo silenciado durante muchos años", con la exhibición de documentos históricos como los informes Valech y Rettig, además de dos artesanías donadas por la misma Presidenta, hechas por su padre cuando estuvo detenido.

En el lugar, Bachelet también promulgó la ley que autoriza la construcción de un monumento a las víctimas del holocausto vivido en el país. La firma se realizo sobre el viejo escritorio del sacerdote Andrés Jarlán, que falleció de un disparo en la población La Victoria durante la dictadura.

"Todos los seres humanos nacen libes e iguales en dignidad y derechos" proclama su primer artículo.

Fuente :AFP Miércoles 10 de Diciembre de 2008

PARÍS.- Militantes y diplomáticos se reúnen hoy en París para celebrar los 60 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyos valores se ven en peligro ante nuevos desafíos como el terrorismo, y a menudo solapados por el realismo político.

La Carta, redactada tras el trauma de la II Guerra Mundial, sirvió de base para las convenciones internacionales sobre derechos elaboradas posteriormente.

Stephane Hessel, superviviente del Holocausto nazi, de 90 años de edad, leerá el preámbulo de la Declaración ante responsables europeos y de la ONU, artistas y grupos de defensa de los derechos humanos a las 20.00 horas locales, en una ceremonia solemne en el Palacio Chaillot (frente a la Torre Eiffel), donde fue adoptada el 10 de diciembre de 1948.

En Nueva York, la ONU tiene previsto celebrar el aniversario con una intervención de Navi Pillay, alta comisionada de Derechos Humanos.

"Aún hoy día, es un texto que merece la pena leerse. Es perfectamente relevante, cuanto más que no ha sido cumplido y que nos pide luchar por él", dijo Hessel, quien participó en la redacción del histórico documento.

Basada en la Declaración de Derechos del Hombre de la Revolución Francesa (1789) y la Declaración de Independencia de Estados Unidos (1776), el texto no vinculante, de 30 puntos, fue adoptado por 58 Estados miembros de la Asamblea General de la ONU, creada tres años antes.

El primer artículo proclama: "Todos los seres humanos nacen libes e iguales en dignidad y derechos", y entre estos enumera los derechos civiles, económicos sociales y culturales, "inalienables" e "indivisibles".

Hessel dijo que la elección de Barack Obama como presidente de Estados Unidos, el primer negro en conseguirlo, ilustra los avances logrados.

"Los pesimistas dicen que todo va peor, que el mundo es espantoso. Los otros, como yo, dicen: no, no sabéis mirar la historia. Nunca ha habido tantos avances en 60 años", sostuvo Hessel.

"Creamos una Europa unida, acabamos con el apartheid (en Sudáfrica), terminamos con la Unión Soviética y sus gulag y creamos el Tribunal Penal Internacional para juzgar a jefes de Estado", añadió.

Pero los defensores de los derechos humanos denuncian que hubo retrocesos después de los atentados del 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos.

"El fenómeno más importante, pese a no ser el único, está ligado a lo que se llama el post 11 de septiembre", afirmó Patrick Baudouin, presidente de honor de la Federación Internacional de los Derechos Humanos (FIDH).

"Hemos visto una serie de reacciones en Estados Unidos, y en otros países occidentales, totalmente negativas en cuanto a libertades", sostuvo en el diario francés Le Monde.

Mónica Cristina Benaroyo Pencu

Por Jorge Escalante / Lanacion.cl

La Policía de Investigaciones informó hoy oficialmente al Gobierno que el cuerpo sin cabeza encontrado en un recinto del Ejército de Arica corresponde al de una ciudadana uruguaya que fue detenida por militares luego del Golpe de Estado de 1973.

Se trata de Mónica Cristina Benaroyo Pencu, nacida en Rumania y con residencia en Chile, cuyo caso no aparece en las listas oficiales de detenidos desaparecidos en manos de agentes de la dictadura de Augusto Pinochet. Los efectivos policiales de Arica lograron llegar a la identidad de los restos, que se mantenían momificados en medio del desierto, gracias a un trabajo de hidratación de la piel con el que se revelaron huellas dactilares.

Con este material viajaron a Santiago para contrastar la imagen con las que se guardan en los archivos del Registro Civil dada la calidad de residente que tenía Benaroyo.

Se indicó que la mujer fue detenida después del golpe de Estado por militares y que se dictó un decreto de expulsión en su contra antes que se perdiera su paradero. De acuerdo a antecedentes que se disponen en el extranjero, fue vista por última vez antes del 11 de Septiembre trabajando en algo relacionado con la alcaldía de la ciudad.

Se indica que estudió en una Facultad de Filosofía y Humanidades, que dominaba perfectamente varios idiomas, entre ellos el francés y el rumano, y que antes de arribar a Chile trabajó como traductora en Buenos Aires, Argentina. El cuerpo, exhumado el lunes último, fue hallado, al parecer por un soldado durante un entrenamiento, al interior de un recinto de entrenamiento militar perteneciente al Ejército en un lugar denominado Pampa o Cuesta Chaca, a 25 kilómetros al sur de Arica.

En ese trámite trascendió que entre sus ropas, que aún se conservaban, se encontró una cajetilla de cigarrillos marca Hilton que se fabricó en Chile a fines de década de los años sesenta, y un billete de moneda escudo de la misma época.

A su vez el director del Servicio Médico Legal, Patricio Bustos, confirmó que un equipo del organismo viajará a Arica para trasladar los restos de regreso a Santiago. Utilizarán para esta tarea un avión de la Policía de Investigaciones y de regreso en la capital, indicó Bustos, se realizará el peritaje de ADN, que consiste en tomar muestras óseas para contrastarlas con los exámenes de sangre que se tomarán a los familiares de la mujer que se ubiquen en Uruguay. La tarea de traslado del cuerpo debería finiquitarse durante este fin de semana considerando la importancia que reviste el caso.

Mónica Benaroyo aparece mencionada en el Informe de Investigación Histórica sobre Detenidos Desaparecidos de Uruguay, documento equivale a nuestro Informe Rettig. Sin embargo, su incorporación al mismo sólo se materializó el 2007 y su registro es mencionado en el tomo cuarto, anexo ocho, que se refiere a ciudadanos uruguayos desparecidos en Chile.

Fuente: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080725/pags/20080725130118.html

Por Jorge Escalante / La Nación

Cada rastro, cada cumbre o valle, cada voz testimonial es el destino eterno de los vivos que buscan a sus muertos. Sobresaltados a cualquier hora por una noticia que, casi siempre, se la lleva el viento. Y todo vuelve a comenzar, dolorosamente.

El reciente hallazgo en Diego de Almagro atizó las huellas de tres desaparecidos. La ciencia dirá si se trata o no de ellos, o de alguno de ellos. Pero esta es la historia de Ricardo Díaz Posada, gerente general de Cobresal en El Salvador durante el gobierno de Allende, y los dirigentes sindicales de ese mineral, Benito Tapia Tapia y Maguindo Castillo Andrade. Son las huellas de su destino fatal que quedaron fijadas en la investigación judicial de la Caravana de la Muerte.

A las nueve de la mañana del miércoles 17 de octubre de 1973, el mayor Carlos Brito del Regimiento Atacama de Copiapó sacó a Ricardo García de la cárcel pública. A las 19:20 de ese día, el sargento Óscar Pastén hizo lo mismo con Benito Tapia y Maguindo Castillo. Los tres fueron conducidos al regimiento. El "Lobo" Sergio Arellano y su caravana estaban en Copiapó desde la tarde ese día 17. Venían de asesinar a quince prisioneros en La Serena.

Horas antes de que fueran sacados de la cárcel por orden de Arellano, en las primeras horas de la madrugada de aquel 17, a 22 kilómetros al sur de Copiapó trece prisioneros fueron masacrados en la pampa. La lista la hizo Arellano. Conducidos al lugar por el capitán Patricio Díaz Araneda, a cargo de la operación, y el capitán Ricardo Yáñez Mora y los subtenientes Waldo Ojeda Torrent y Marcelo Marambio Molina, más un pelotón de suboficiales y clases, todos del Atacama, los prisioneros fueron cortados con corvos y desfigurados sus rostros antes de ser acribillados. Así Arellano buscaba comprometer en los crímenes a oficiales de cada regimiento local por donde anduvo.

Del regimiento al cementerio

El "Lobo" admitió en su "Testimonio", manuscrito de 1990 con el que pretendió lavar la sangre de sus manos, que él firmó "la sentencia" del supuesto Consejo de Guerra que habría condenado a muerte a los tres de Cobresal. En todo caso, fue Arellano quien incluyó en esta segunda lista de muerte a García, Castillo y Tapia, ordenando ejecutarlos en las primeras horas del jueves 18 de octubre. Ello ocurrió a las cuatro de la madrugada en el regimiento, según el comandante del Atacama, Óscar Haag. "El fusilamiento de García, Castillo y Tapia lo dirigió el teniente Ramón Zúñiga Ormeño, y lo acompañó el subteniente Fernando Castillo Cruz", declaró Díaz Araneda ante el juez Juan Guzmán.

Arturo Araya, asistente del médico legista Juan Mendoza, llegó temprano a la morgue de Copiapó aquel día18. Vio los tres cuerpos tendidos en camillas y tapados con sábanas blancas. Destapó a uno para desvestirlo y preparar la autopsia, pero el administrador del cementerio, Leonardo Meza, se lo impidió. "Esos cuerpos son intocables", le dijo. Araya alcanzó a ver que la víctima vestía ambo azul y tenía una tapadura dental de oro.

A las tres de la tarde de ese 18, Víctor Bravo, oficial del Registro Civil, llegó a la morgue para tomar las huellas dactilares de los tres cuerpos. "El señor García tenía un anillo de oro con un rubí y las heridas de bala las tenían todos en el pecho", afirmó Bravo judicialmente. Cerraron el cementerio, a un costado de la morgue, y los tres cuerpos fueron sepultados sin urnas en una fosa abierta en el Patio 16. En el libro de ingreso a García se asignó el número 13, Tapia el 14 y Castillo el 15. Informados los familiares de las ejecuciones por el supuesto Consejo de Guerra, no se les admitió en el cementerio.

Días después, Bernardo Pinto, trabajador de Cobresal, pagó a un sepulturero para que abriera la fosa y lo que vio no lo olvidó jamás. "Estaban sin ataúdes y los tres cuerpos destrozados, con tajos en la cara, el tórax, las piernas, se les veían a veces los huesos en las heridas". Los tres cuerpos desaparecieron del cementerio para siempre.

Rolly Baltiansky, esposa de Ricardo García, se exilió en México en 1974 con sus hijas Ximena, de siete, y Paula de tres. Cuando Ximena cumplió 15 volvió a Chile tras las huellas de su padre. No soportaba su trágica ausencia. Recorrió los lugares por donde él anduvo, pero nunca superó su drama.

El 16 de marzo de 1990, cuando en Chile renacía la democracia, en Ciudad de México Ximena se roció diluyente y murió quemada. "Dios, que el aguarrás no mate mi alma", escribió en una carta. LN

Fuente: http://www.lanacion.cl/prontus_noticias_v2/site/artic/20080720/pags/20080720205338.html

El general (R) Santiago Sinclair fue senador designado en representación del Ejército hasta 1997, fue procesado junto al ex general Hugo Prado y al coronel en servicio activo Marcos Bustos por la muerte de cinco militantes del Frente Patriótico Manuel Rodríguez en septiembre de 1987

El magistrado investiga las causas en que fueron asesinados, Manuel Sepúlveda Sánchez, Gonzalo Fuenzalida Navarrete, Julio Muñoz Otárola, Julián Peña Maltés y Alejandro Pinochet Arenas, investigación en que también están procesados otros 18 militares en retiro, entre los que figura el ex jefe de la Central Nacional de Inteligencia (CNI) general (r) Hugo Salas Wenzel.

Por su parte el Senador Jaime Naranjo miembro de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, señalo que "es indudable que el Ejército queda en una incómoda situación debido al procesamiento de un coronel activo. Espero por tanto, que no interfiera en la investigación judicial y ponga cuanto antes al coronel Bustos a disposición del ministro Carroza".

Además el Senador señalo que el coronel Marcos Bustos debería solicitar su baja voluntaria y, si esto no ocurre, su institución debería llamarlo a retiro".

1. La Operación Colombo, fue un montaje comunicacional, cuyo objetivo fue encubrir la desaparición de 119 chilenos y chilenas, que habían sido secuestrados por los aparatos represivos de la dictadura militar, entre los años 1974 y 1975. Esta maniobra hacía aparecer a los detenidos, como muertos en falsos enfrentamientos en diferentes países de Latinoamérica.

2. Luego de 33 años de una perseverante lucha, esta resolución, viene a confirmar en el plano judicial, lo que los familiares desde siempre sostuvieron: que agentes del Estado amparados por la dictadura de Augusto Pinochet, ejecutaron un plan de exterminio masivo de los 119 detenidos desaparecidos, desconociéndose hasta el día de hoy su destino final.

3. Familiares de detenidos desaparecidos, testigos sobrevivientes de tortura que compartieron junto a las 119 personas, organismos de derechos humanos, abogados de derechos humanos, junto a miles de personas solidarias, denunciaron ante organismos nacionales e internacionales esta maniobra de exterminio, identificando y aportando antecedentes de los agentes involucrados en las detenciones, en las torturas, en los secuestros, y en su desaparición.

4. Muchos jueces y ministros, que han llevado causas de derechos humanos y que han logrado grandes avances en materia judicial, confirman lo que resolución dictada por el Ministro Montiglio, señala: los 98 criminales sometidos a procesamiento, están involucrados en muchas otras sentencias, como es el caso de Manuel Contreras Sepúlveda, Director de la DINA, Marcelo Moren Brito, Mayor de Ejército, comandante de la BIM, Miguel Krassnoff Martchenko, Capitán de Ejército, responsable de la agrupación Caupolicán y quien detuvo a casi la gran mayoría de los 119, Basclay Zapata Reyes, suboficial de Ejército, agente torturador, Raúl Iturriaga Jefe del departamento Exterior de la DINA, entre otros.

5. Hacemos un llamado a las cortes y tribunales de Justicia, a confirmar esta importante Resolución judicial y avanzar en la aplicación de sanciones a quienes en calidad de autores, cómplices o encubridores han tenido participación en las violaciones masivas y sistemáticas a los derechos humanos.

6. Tenemos la esperanza que este auto de procesamiento, masivo, permita determinar con mayor profundidad las responsabilidades políticas y represivas, de todos aquellos que tuvieron participación en estos hechos, y permita contribuir a avanzar en la verdad respecto al destino de todas y todos los detenidos desaparecidos.

Reiteramos, una vez mas que la imposición de sanciones proporcionadas al daño ocasionado, constituye el acto de reparación por excelencia, garantía eficaz de no repetición y fundamento de la construcción de una sociedad reencontrada en los valores de la justicia y el respeto la dignidad y los derechos de las personas.

Paz Rojas Baeza Viviana Uribe Tamblay Hiram Villagra C.

CODEPU

El Secretariado Internacional de la Organización Mundial Contra la Tortura (OMCT) solicita su intervención MUY URGENTE respecto a la siguiente situación en Chile.

Descripción de la situación

El Secretariado Internacional de la OMCT ha recibido con mucha preocupación informaciones de fuentes fidedignas sobre la muerte del estudiante miembro de la Comunidad mapuche, Sr. Matías Catrileo Quezada, en hechos ocurridos en el Fundo “Santa Margarita”, en la comunidad de Vilcún, a unos 30 kilómetros al este de la ciudad de Temuco, en la Región de la Araucania.

De acuerdo con las informaciones, el 4 de enero de 2008, hacia las 6 a.m., el Sr. Matías Catrileo Quezada, de 23 años de edad, estudiante de Agronomía en la Universidad de la Frontera, resultó muerto en momentos en que junto con un grupo de cerca de veinte comuneros mapuches, efectuaba una ocupación pacífica en el mencionado Fundo “Santa Margarita”, en Vilcún, predio que ancestralmente demanda dicha comunidad y que en la actualidad pertenece al particular Jorge Luchsinger. Según las denuncias, el grupo, en donde se encontraba el estudiante Matías Catrileo Quezada, entró al mencionado Fundo y habría procedido a quemar unos bultos (fardos) de pasto cuando fue atacado por miembros del Grupo de Operaciones Policiales Especiales (GOPE), perteneciente a Carabineros de Chile, quienes se encargan permanentemente de la protección policial del lugar, uno de los cuales disparó, según las denuncias con una subametralladora, causando la muerte de Matías Catrileo Quezada.

Por otra parte la OMCT ha recibido denuncias sobre varios allanamientos y abusos policiales cometidos el 4 de enero de 2008 en Comunidades Mapuche aledañas al predio en el que el estudiante Matias Catrileo resultó muerto. Según las informaciones, diversas familias mapuche fueron objeto del allanamiento de sus viviendas y parcelas ese día, por parte de la policía de carabineros, así como de los tratos abusivos y degradantes por parte de los agentes policiales, de los destrozos que estos ocasionaron en sus viviendas y sembrados, y de la sustracción de bienes por parte de los mismos funcionarios.

Según las denuncias, los allanamientos fueron realizados por fuertes contingentes policiales de hasta un centenar de efectivos que se desplazaban en buses, tanquetas y helicópteros, haciendo uso desproporcionado de la fuerza. En ninguna de esas oportunidades el grupo de Carabineros mostró alguna orden escrita para realizar los allanamientos y además, durante los operativos, los agentes policiales usaron epítetos racistas, tales como “entreguen a los indios delincuentes”, y otros.

En la Comunidad “Mariano Lleuful”, la vivienda del Sr. Héctor Canio Quidel fue allanada en cuatro oportunidades durante ese mismo día, entre las 9 a.m. y las 8 p.m. Según las denuncias el actuar de Carabineros fue brutal, ya que ingresaron a la vivienda derribando puertas, quebrando vidrios, dando vuelta todos los objetos, incluyendo una cama en que se encontraba durmiendo un niño de un (1) año de edad. Golpearon a su mujer la Sra. Ines Tralcal Llanquinao, derribándola de un puntapié. Lo mismo sucedió a su madre, la anciana Sra. Francisca Quidel Painemil. Las informaciones recuerdan que la misma morada ya había sido allanada el 2005.

En la misma Comunidad, la vivienda de los Sres. Adela Marilaf y Arturo Tralcal fue allanada por un grupo de cerca de 80 efectivos que entró en su propiedad hacia las 9 a.m. del mismo día, abriendo la puerta con violencia, registrando la misma y realizando destrozos en su interior.

La vivienda, aledaña a la anterior y habitada por los Sres. Mario Tralcal, y Josefina Quidel, ancianos de cerca de 70 años de edad, fue allanada violentamente en cuatro oportunidades durante ese día por Carabineros, quienes rompieron cercos, sus habitantes fueron amenazados con metralletas, empujados, y violentados con epítetos racistas. Cabe señalar que la Sra. Josefina Quidel padece de cáncer, habiendo sido operada hace un par de meses, cuestión que fue señalada a Carabineros, sin que ello alterara en nada el proceder de los funcionarios policiales. En la vivienda se encontraba el nieto de ellos el niño Fabian Tralcal, de doce años de edad, quien recibió una bofetada de parte de un Carabinero. Además, los agentes se llevaron mochilas, bolsos y un cuchillo de casa, a pesar de los ruegos de los ancianos de que no lo hicieran.

Por otra parte, en la Comunidad “Juan de Dios Quidel Córdoba” fue allanada la vivienda del Sr. José Tralcal Coche por Carabineros, hacia las 9 a.m. de ese día. Su mujer, la Sra. María Lleuful fue tomada con violencia por el brazo, recibiendo además culatazos de fusil por la espalda. Carabineros entró a la morada en que dormían aún sus cuatro hijos, de 18 a 5 años de edad, y procedió a registrarla botando por el suelo objetos sin respeto alguno. Los niños fueron tratados brutalmente, obligándoles a identificarse. Carabineros destrozó los cercos del campo, ingresando al lugar con tanquetas, destrozando los sembrados de subsistencia que la familia tiene en ellos. Luego regresaron en cuatro oportunidades hasta las 8 p.m. Sustrajeron además una mochila con ropa de los menores.

La OMCT recuerda que la institución Carabineros de Chile ya ha sido denunciada por el uso excesivo de la fuerza lo que ha causado la muerte de otras personas como la del Sr. Edmundo Alex Lemún Saavedra1, otro activista mapuche, y también la del Sr. Rodrigo Cisternas2, joven trabajador forestal de la octava región, quien se encontraba en huelga exigiendo un mejor salario.


La OMCT manifiesta además su preocupación debido a las informaciones que denuncian que, nuevamente, el Ministerio Público se habría declarado incompetente para investigar y sancionar los hechos en torno a la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada, dejando el caso en manos de un fiscal militar. En efecto, la OMCT recuerda que anteriormente, se derivó a la Fiscalía Militar de Angol la investigación por el caso de la muerte del joven mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, debido a que en esa ocasión, lLa Fiscalía Regional del Ministerio Público se declaró incompetente para continuar la investigación sobre el origen de bala que terminó con la vida del comunero mapuche Edmundo Alex Lemún Saavedra, de 18 años. Ante la posibilidad que el disparo haya provenido de un arma de Carabineros, los antecedentes fueron derivados a la Fiscalía Militar de Angol.

El pasado 7 de noviembre, durante la ocupación del fundo Santa Elisa, propiedad de la forestal Mininco, Lemún recibió un disparo en la cabeza en un confuso enfrentamiento con la policía que le causó la muerte cinco días después. De esta manera, la Fiscalía Militar tiene en sus manos dos causas referidas al caso, la del origen de la bala y otra por la presencia de armas en el lugar. Además, existe un sumario interno de la policía uniformada. Las pesquisas de la Fiscalía del Ministerio Público representan un informe preliminar sobre las armas que tenía la policía y el balín encontrado en la cabeza del joven, que es compatible con escopetas anti disturbios utilizadas por la policía. Entre las hipótesis posibles, el informe considera que el proyectil fue disparado por un carabinero, por un cuidador de un predio vecino y por guardias de seguridad de la forestal Mininco.

a Fiscalía Regional del Ministerio Público se declaró incompetente para continuar con la misma investigación3.

La OMCT, al manifestar su profunda preocupación por estos hechos de extrema violencia, recuerda que el Comité de Derechos Humanos recomendó en 2007 al Estado Chileno: «tomar medidas inmediatas y eficaces para poner fin a esos abusos, vigilar, investigar y cuando procesa, enjuiciar y sancionar a los funcionarios de la policía que cometan actos de malos tratos en contra de grupos vulnerables». La OMCT recuerda además que actualmente, Chile es objeto de examen por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) por el caso Poluco Pidenco que se refiere a la condena que afecta a la Sra. Patricia Troncoso y a otros tres presos de la Comunidad Mapuche4.

La OMCT manifiesta su preocupación por la seguridad, y por la integridad física y psicológica de los familiares del estudiante muerto en los hechos arriba denunciados y en general por todos los miembros de las comunidades arriba mencionadas y solicita a las autoridades chilenas investigar sobre la indebida aplicación de la Ley de Seguridad Nacional y la Ley Antiterrorista por parte de los agentes encargados de hacer cumplir la ley, en particular en este caso por parte de Carabineros.

Acción solicitada

Favor escribir a las autoridades de Chile urgiéndolas a:

i. tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los miembros de la familia del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada;

ii. tomar las medidas más adecuadas para garantizar la seguridad y la integridad física y psicológica de los Sres. Héctor Canio Quidel, Inés Tralcal Llanquinao, Francisca Quidel Painemil, Adela Marilaf, Arturo, José Tralcal Coche, y María Lleuful, y en general de todos y cada uno de los miembros de las comunidades arriba mencionadas, y proporcionarles de suma urgencia la atención médica adecuada y gratuita que el estado de cada una de estas personas requiera;

iii. llevar a cabo una investigación exhaustiva, independiente e imparcial por parte de instancias civiles, acerca de las circunstancias de la muerte del estudiante mapuche Matías Catrileo Quezada, y de las demás violaciones de derechos humanos arriba denunciadas, con el fin de identificar a los responsables, llevarlos ante un tribunal independiente, justo e imparcial y aplicarles las sanciones penales, y/o administrativas previstas por la ley;

iv. otorgar una adecuada reparación a todos los miembros de la familia del estudiante Matías Catrileo Quezada, y a las demás víctimas de violaciones arriba denunciadas;

iii. de manera general garantizar en todo el país y en todas las circunstancias el respeto por los Derechos Humanos y las libertades fundamentales de conformidad con las leyes internacionales sobre Derechos Humanos.



Ginebra, 07 de enero de 2008