«ABUSOS SISTEMÁTICOS Y GENERALIZADOS DE LOS DERECHOS HUMANOS»

Misión Quebeco-canadiense de Observación de Derechos Humanos

Preocupados por las graves violaciones de los derechos humanos que tienen lugar en Chile desde la explosión social del 18 de octubre de 2019, varias organizaciones sindicales, políticas y de investigación de Quebec y Canadá, en colaboración con la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (CODEPU) y el Observatorio Ciudadano (OC) decidieron organizar una misión de observación de derechos humanos que visitó Chile, desde 18 al 27 de enero de 2020.

Con el objetivo de crear conciencia pública en Quebec y Canadá y adoptando una visión integral de los derechos humanos, esta misión se basó en el trabajo de otras misiones internacionales (Misión de observación de los derechos humanos de la sociedad civil internacional, en la cual participó el Comité de Derechos Humanos en América Latina
(CDHAL) de Montreal (Quebec), Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas), Comisión Interamericana de Derechos Humanos [CIDH) y en los datos emitidos por el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) de Chile. Luego de 65 horas de entrevistas en Santiago, Antofagasta y Valparaíso, con 99 personas de 51 organizaciones, nuestras constataciones, conclusiones y recomendaciones son las siguientes:

  1. EL CONTEXTO SOCIAL Y POLÍTICO

Las múltiples violaciones de los derechos humanos que la misión pudo corroborar durante su estadía, parecen aún más injustificables al insertarse en un contexto social y constitucional asociado a una pesada herencia histórica.

a) La explosión social que se desató a partir del 18 de octubre de 2019, si bien fue provocada por el alza del precio del boleto de metro, debe su amplitud y duración a las frustraciones sociales experimentadas durante al menos treinta años, por grandes sectores de la población chilena expuesta a políticas neoliberales que impulsaron la privatización total o parcial de los servicios públicos (salud, educación, agua, fondos de pensiones, etc.) lo que exacerbó las desigualdades existentes. En 2017, el 50% de los hogares más pobres disponía del 2.1% de la riqueza neta del país, mientras que el 1% más rico poseía el 26.5%.

b) La vigencia de la constitución de 1980 y de sus trabas antidemocráticas,
implementadas bajo la dictadura del general Pinochet, explica tanto las
dificultades para llevar hasta hoy a cabo reformas sociales y democráticas de fondo, como la importancia del «Acuerdo para la paz social y la nueva constitución» firmado el 15 de noviembre de 2019 entre el gobierno y las fuerzas de oposición, disponiendo la realización de un plebiscito constitucional, originalmente, en abril de 2020 y actualmente postergado a octubre de 2020. Este plebiscito es un tema de debate público, cuyo alcance es motivo de controversia.

  1. VIOLACIONES SISTEMÁTICAS Y GENERALIZADAS DE LOS DERECHOS

Desde el 18 de octubre de 2019, se han producido violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos en Chile, constatándose patrones comunes y recurrentes en todo el país. Todo esto tiene lugar en un contexto permanente de intimidación de la población y de criminalización de la protesta social y toma la forma de una violencia político-sexual (VPS)
de tipo institucional, ejercida por la policía, cuando se trata de víctimas mujeres y niñas. Estas violaciones se manifiestan de las siguientes formas: incumplimiento de los protocolos de intervención policial, lesiones por perdigones y gases lacrimógenos, violencias y abusos sexuales, detenciones no registradas, palizas a detenidos, presiones sobre el personal médico de los hospitales, ataques contra trabajadores de la salud y observadores de derechos humanos, uso masivo e indiscriminado de gases lacrimógenos en vecindarios enteros, procedimientos judiciales negligentes y parciales, recurso a la detención preventiva como medida punitiva, neutralización de los recursos de amparo.

  1. DERECHOS ECONÓMICOS, SOCIALES, CULTURALES Y AMBIENTALES OLVIDADOS

El 52% de la población activa solo cuenta con trabajo a tiempo parcial, menos del 39% de los trabajos están protegidos (con contratos, contribuciones de pensiones, salud, etc.), y sólo el 21% de las personas asalariadas tiene un contrato de trabajo, mientras que la tasa
de sindicalización oficial no supera el 12%. En términos ambientales, como resultado del cambio climático y la expansión de las industrias minera, forestal y agroexportadora, cinco regiones de Chile han sido declaradas en estado de «emergencia agrícola» y el 40 % de los 345 municipios del país, en un estado de «escasez de agua», que afecta al 66% de la población. Más de 400.000 personas de 172 municipios reciben agua de camiones cisterna
para satisfacer sus necesidades diarias.

  1. LA RESPONSABILIDAD DE CANADÁ

Canadá, como gobierno, pero también como fuente de inversión y de actividades productivas, tiene una responsabilidad no desdeñable en esta situación: por un lado, el 70% de todas las inversiones mineras extranjeras realizadas en Chile desde 1990 hasta hoy, son de origen canadiense, y 40 empresas mineras canadienses promueven más de 100 proyectos de desarrollo minero en Chile (cobre, oro, litio, etc.), que son particularmente contaminantes y de alto requerimiento en agua; mientras que por otra parte, el gobierno canadiense alienta los acuerdos de libre comercio con Chile y, al contrario de lo que hace con Venezuela, permanece en silencio sobre los abusos sistemáticos y generalizados de los derechos humanos que se han observado.

  1. PRINCIPALES RECOMENDACIONES

a) A los gobiernos de Quebec y de Canadá:

i) que denuncien públicamente las violaciones sistemáticas, generalizadas y continuas de los derechos humanos perpetradas en Chile bajo el gobierno del presidente Piñera, desde el 18 de octubre de 2019;

ii) que se comprometan en promover iniciativas de solidaridad de la sociedad civil y a organizar misiones oficiales de observación durante el plebiscito pospuesto a octubre de 2020.

b) Al gobierno de Canadá: que haga un llamado a las empresas canadienses, sus subsidiarias o sus subcontratistas, sobre su responsabilidad con respecto a los derechos humanos (así como con respecto al uso a menudo indiscriminado del agua o de tierras indígenas), y establecer un defensor del pueblo independiente;

c) Al gobierno de Chile (y tomando en consideración lo planteado por las
organizaciones chilenas de derechos humanos):

i) que se ponga fin al uso excesivo de la fuerza, a las detenciones arbitrarias, a las violencias y abusos sexuales, a las detenciones no registradas y a las palizas;

ii) que se emprenda una transformación de fondo del cuerpo de carabineros, democratizando su estructura, enmarcando sus funciones, revisando sus protocolos y capacitando apropiadamente a su personal en el ámbito de los derechos humanos;

iii) que, en el contexto de la pandemia, todos los presos políticos arrestados desde el 18 de octubre de 2019 sean liberados, y que se aplique el arresto
domiciliario en el caso en que las investigaciones sobre ellos continúen.

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